rickycardo1
Miembro de plata
Si no les dan facilidades a porqueria criminal los atacan.
Los lazos del crimen. Desde el crimen de Manuel Vásquez, director del penal Castro Castro (en 2010), hasta el homicidio de dos celadores de la cárcel de Puerto Maldonado, se han venido sucediendo ataques contra servidores del Inpe, denuncia líder del sindicato de esa institución, Julio Burga. Por su parte, Ministro de Justicia, admite corrupción y dice que no le temblará la mano para aplicar sanciones.
“Nos amenazan y nos matan por hacer nuestro trabajo”, dice con temor un agente penitenciario antes de detallar la crisis de seguridad en las cárceles que ha dejado 22 servidores asesinados.
La mañana del 9 de enero de 2010 un atentado sicarial terminó con la vida de Manuel Vásquez Coronado, director del penal Miguel Castro Castro, cuando salía de su domicilio en El Agustino. La víctima fue interceptada por desconocidos que dispararon a quemarropa.
El 14 de octubre del 2016, el agente del Inpe, Cristian Cruz Luna, de 28 años, fue asesinado de cinco balazos tras salir de cumplir sus labores del penal de Trujillo.
A Selene Martínez Samamé, obstetra que trabajaba en el penal de Lurigancho, la interceptaron y asesinaron el 16 de mayo del 2017, saliendo de su trabajo.
La noche del lunes 30 de junio 2025, dos trabajadores del establecimiento penitenciario de Puerto Maldonado fueron victimados por encapuchados a bordo de una motocicleta. Germán Vizcarra Alave y Gian Carlo García Alave, habrían sido víctimas de una venganza.
Según el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, entre el 2010 y el 2025 se han registrado 22 asesinatos contra servidores del Inpe. “Ser guardia penitenciario normalmente trae riesgos por los encarcelados con los que se convive en el espacio de trabajo, pero en el caso peruano muchas veces acaba siendo una condena a muerte”, dice el presidente de ese gremio, Julio César Burga.
Entre las condiciones de trabajo deficientes, las amenazas de presos y criminales libres y la corrupción interna de la institución, los funcionarios del Inpe viven una situación alarmante.
Son los guardias penitenciarios del Inpe quienes están, en rigor, encargados de prevenir y combatir esos hechos de corrupción dentro de la cárcel, pero en la práctica para muchos se hace imposible ejercer esa función de control por factores como la escasez de armas de dotación y elementos de protección, falta de personal, imposibilidad logística de detener el contrabando, corrupción dentro de la misma institución, y lo más grave: los riesgos contra su propia vida.
“Es algo que tratamos de controlar al máximo, pero también si lo controlas mucho, te matan al otro día; si no te prestas para lo que haya que hacer también te matan al otro día”, dice Burga.
El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, aseguró esta semana que no le temblará la mano a la hora de separar a los malos funcionarios involucrados en actos de corrupción en el sistema penitenciario, así como imponer sanciones severas a internos que vulneren las normas, trasladándolos a pabellones de régimen cerrado y máxima seguridad.
Asimismo, enfatizó la postura de tolerancia cero ante estos delitos, en un contexto de preocupación por el grave problema de hacinamiento en las penitenciarías del país.
Amenazas y malas condiciones
Ahora, imagine ser director del penal de Chincha donde están algunos de los más temidos criminales del país. Un día llega una orden de quitarles los celulares con los que están extorsionando -aparatos que nunca debieron entrar a la prisión- y, además, le piden transferir a algunos de los internos a otros centros penitenciarios, donde estarán alejados de sus familiares y de las bandas criminales de las que siguen haciendo parte. De pronto, uno de los prisioneros le amenaza de muerte, a él y a su familia, si cumple las órdenes.
Ocurrió el último sábado 18 de octubre. La amenaza de muerte contra el director del penal de Chincha, Juan Lenin Herrera Rozas, se dio luego de reforzar los operativos internos y disponer el traslado de internos implicados en el ingreso de drogas, armas y objetos prohibidos.
Perú: Crisis en las cárceles: 22 servidores del Inpe han sido asesinados - Resumen Latinoamericano
Por: Oscar Chumpitaz, La República. Resumen Latinoamericano 28 de octubre de 2025. Los lazos del crimen. Desde el crimen de Manuel Vásquez, director del penal Castro Castro (en 2010), hasta el homicidio de dos celadores de la cárcel de Puerto Maldonado, se han venido sucediendo ataques contra...
www.resumenlatinoamericano.org
“Nos amenazan y nos matan por hacer nuestro trabajo”, dice con temor un agente penitenciario antes de detallar la crisis de seguridad en las cárceles que ha dejado 22 servidores asesinados.
La mañana del 9 de enero de 2010 un atentado sicarial terminó con la vida de Manuel Vásquez Coronado, director del penal Miguel Castro Castro, cuando salía de su domicilio en El Agustino. La víctima fue interceptada por desconocidos que dispararon a quemarropa.
El 14 de octubre del 2016, el agente del Inpe, Cristian Cruz Luna, de 28 años, fue asesinado de cinco balazos tras salir de cumplir sus labores del penal de Trujillo.
A Selene Martínez Samamé, obstetra que trabajaba en el penal de Lurigancho, la interceptaron y asesinaron el 16 de mayo del 2017, saliendo de su trabajo.
La noche del lunes 30 de junio 2025, dos trabajadores del establecimiento penitenciario de Puerto Maldonado fueron victimados por encapuchados a bordo de una motocicleta. Germán Vizcarra Alave y Gian Carlo García Alave, habrían sido víctimas de una venganza.
Según el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, entre el 2010 y el 2025 se han registrado 22 asesinatos contra servidores del Inpe. “Ser guardia penitenciario normalmente trae riesgos por los encarcelados con los que se convive en el espacio de trabajo, pero en el caso peruano muchas veces acaba siendo una condena a muerte”, dice el presidente de ese gremio, Julio César Burga.
Entre las condiciones de trabajo deficientes, las amenazas de presos y criminales libres y la corrupción interna de la institución, los funcionarios del Inpe viven una situación alarmante.
Son los guardias penitenciarios del Inpe quienes están, en rigor, encargados de prevenir y combatir esos hechos de corrupción dentro de la cárcel, pero en la práctica para muchos se hace imposible ejercer esa función de control por factores como la escasez de armas de dotación y elementos de protección, falta de personal, imposibilidad logística de detener el contrabando, corrupción dentro de la misma institución, y lo más grave: los riesgos contra su propia vida.
“Es algo que tratamos de controlar al máximo, pero también si lo controlas mucho, te matan al otro día; si no te prestas para lo que haya que hacer también te matan al otro día”, dice Burga.
El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, aseguró esta semana que no le temblará la mano a la hora de separar a los malos funcionarios involucrados en actos de corrupción en el sistema penitenciario, así como imponer sanciones severas a internos que vulneren las normas, trasladándolos a pabellones de régimen cerrado y máxima seguridad.
Asimismo, enfatizó la postura de tolerancia cero ante estos delitos, en un contexto de preocupación por el grave problema de hacinamiento en las penitenciarías del país.
Amenazas y malas condiciones
Ahora, imagine ser director del penal de Chincha donde están algunos de los más temidos criminales del país. Un día llega una orden de quitarles los celulares con los que están extorsionando -aparatos que nunca debieron entrar a la prisión- y, además, le piden transferir a algunos de los internos a otros centros penitenciarios, donde estarán alejados de sus familiares y de las bandas criminales de las que siguen haciendo parte. De pronto, uno de los prisioneros le amenaza de muerte, a él y a su familia, si cumple las órdenes.
Ocurrió el último sábado 18 de octubre. La amenaza de muerte contra el director del penal de Chincha, Juan Lenin Herrera Rozas, se dio luego de reforzar los operativos internos y disponer el traslado de internos implicados en el ingreso de drogas, armas y objetos prohibidos.
