Todo sigue igual. Nada cambia en Perucito.
24/05/2023.
Las fuerzas de seguridad de Perú rara vez rinden cuentas en los casos de abuso de fuerza
En Perú, las investigaciones sobre la muerte de manifestantes a manos de la policía y otras fuerzas del orden a menudo se cierran sin que se presenten cargos, lo que socava la confianza en las autoridades.
En la casa de adobe que construyó con su esposo en un pequeño pueblo de Perú, Antonia Huillca sacó una pila de documentos que alguna vez representaron un resquicio de esperanza.
Formaban parte de una investigación sobre la muerte de su esposo, Quintino Cereceda, quien salió una mañana de 2016 para unirse a una protesta contra una nueva mina de cobre y nunca regresó.
Huillca no sabe leer, pero puede identificar documentos clave: una foto del cuerpo de su esposo, una herida de bala en la frente; el formato de preguntas y respuestas en el que los policías describen disparos de munición real mientras los manifestantes arrojaban piedras; el logo de la empresa minera enviando una caravana de camiones por caminos sin pavimentar, provocando protestas entre los habitantes, hartos del polvo.
Pero hasta ahora, la investigación no ha llegado a ningún lado.
“Todos estos años y sin justicia”, dijo Huillca, una agricultora quechua de 51 años, mientras una tormenta se formaba sobre su pueblo, Choquecca, en el sur de los Andes de Perú. “Es como si no existiéramos”.
Durante años, varios casos similares han tenido un destino familiar en Perú: las investigaciones sobre el asesinato de civiles desarmados en protestas donde se desplegaron fuerzas de seguridad, la mayoría en áreas indígenas y rurales pobres, se abren cuando atraen los titulares, solo para ser cerradas en silencio después, y los funcionarios a menudo alegan falta de evidencia.