Militares matan a 5 inocentes en Colcabamba

habia armas en la caminoneta, habia droga? respuesta no, entonces si eran inocentes, el ejercito cometio asesinato y deben pagar
 
La versión de los cachacos se desarma. Dijeron enfrentamiento, fuego cruzado. No había armas en la camioneta. No hubo disparos desde la camioneta a los cachacos. Tampoco encontraron droga. Quizás el colocho con el otro sobreviviente ya había realizado el pase de PBC pero en otra camioneta. Aunque igual la respuesta es desmedida para un par de mochileros desarmados y un grupo de futbolistas que venían de jugar la Copa Perú. No hubo legítima defensa porque no estuvieron repeliendo ningún ataque. Querían fabricar un operativo contra terrucos. No les ligó y entonces arman un operativo contra narcotraficantes.

Pero para atrapar a los grandes barones de la droga allí sí se hacen la pichi y alargan la mano para cobrar por cada pase. Así son estos cachacos y tombos de poca monta pero los fachos de cono terruquean y celebran. Qué no habrán hecho los cachacos en la época de terrorismo con la población civil.
 
Si no tiene antecedente serian un enorme crimen, ademas milicos estaban de CIVIL , como si fueran asaltantes. Seran mas votos contra los que defienden a militares.
 
Era lo más probable. Como coloqué en otro tema lleno de inexactitudes de fachos coneros, CPP de Bukele y Trump.

“En ese momento fui amenazado y obligado a decir esas cosas, porque no han encontrado nada en el carro, porque nosotros no hemos transportado droga. Por ese motivo, los militares me han amenazado con un arma diciendo: ‘te voy a disparar, te voy a meter bala’. Nosotros somos inocentes. Fui forzado (a firmar el acta) porque me estaban amenazando con sus armas, yo pensaba que me iban a matar en ese momento, porque estaba asustado por todos los hechos”.

 
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la muerte de civiles durante un operativo militar en Colcabamba, Tayacaja (Huancavelica), y por las denuncias que cuestionan la legalidad de la intervención y el uso de la fuerza.

En ese sentido, exige al Ministerio Público una investigación célere, independiente y exhaustiva que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas.

Como parte de sus acciones, la institución ha requerido información al Ejército del Perú (Oficio N.° 401-2026-DP/OD-HVCA), a la Fiscalía Penal Corporativa de Tayacaja (Oficio N.° 402-2026-DP/OD-HVCA) y a la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Oficio N.° 407-2026-DP/OD-HVCA), a fin de supervisar las circunstancias del operativo y el avance de las investigaciones.

Asimismo, se coordinó con el Módulo Defensorial de Huanta para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los familiares de las víctimas y su acceso a atención oportuna.

La Defensoría del Pueblo exhorta a asegurar la transparencia del proceso y evitar la impunidad, reafirmando que se mantendrá vigilante del caso.

 

Una intervención militar en Perú bajo sospecha tras el asesinato de cinco civiles confundidos con narcoterroristas​

El caso ha sido asumido por una fiscalía especializada en derechos humanos y cuestiona el margen de actuación de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia.

 

Todo sigue igual. Nada cambia en Perucito.​

24/05/2023.​

Las fuerzas de seguridad de Perú rara vez rinden cuentas en los casos de abuso de fuerza​

En Perú, las investigaciones sobre la muerte de manifestantes a manos de la policía y otras fuerzas del orden a menudo se cierran sin que se presenten cargos, lo que socava la confianza en las autoridades.

En la casa de adobe que construyó con su esposo en un pequeño pueblo de Perú, Antonia Huillca sacó una pila de documentos que alguna vez representaron un resquicio de esperanza.

Formaban parte de una investigación sobre la muerte de su esposo, Quintino Cereceda, quien salió una mañana de 2016 para unirse a una protesta contra una nueva mina de cobre y nunca regresó.


Huillca no sabe leer, pero puede identificar documentos clave: una foto del cuerpo de su esposo, una herida de bala en la frente; el formato de preguntas y respuestas en el que los policías describen disparos de munición real mientras los manifestantes arrojaban piedras; el logo de la empresa minera enviando una caravana de camiones por caminos sin pavimentar, provocando protestas entre los habitantes, hartos del polvo.

Pero hasta ahora, la investigación no ha llegado a ningún lado.

“Todos estos años y sin justicia”, dijo Huillca, una agricultora quechua de 51 años, mientras una tormenta se formaba sobre su pueblo, Choquecca, en el sur de los Andes de Perú. “Es como si no existiéramos”.

Durante años, varios casos similares han tenido un destino familiar en Perú: las investigaciones sobre el asesinato de civiles desarmados en protestas donde se desplegaron fuerzas de seguridad, la mayoría en áreas indígenas y rurales pobres, se abren cuando atraen los titulares, solo para ser cerradas en silencio después, y los funcionarios a menudo alegan falta de evidencia.

 
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