Aoki
Miembro de plata
Afrontó pedido de destitución pero la Junta Nacional de Justicia finalmente lo absolvió.
El magistrado Adolfo Fernando Farfán Calderón, responsable de ver el requerimiento fiscal para juicio oral al candidato presidencial Roberto Sánchez, registra un historial marcado por procesos disciplinarios, cuestionamientos a su desempeño y denuncias que motivaron incluso un pedido de destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Farfán Calderón, titular del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, tiene actualmente bajo su competencia el caso que involucra al líder de Juntos por el Perú.
La Fiscalía solicita para Sánchez una pena de cinco años y cuatro meses de prisión por la presunta presentación de información falsa relacionada con aportes y financiamiento partidario entre 2018 y 2020, así como por el supuesto desvío de aproximadamente 280 mil soles de recursos de financiamiento electoral hacia cuentas personales.
Sin embargo, un reportaje difundido por Canal N puso nuevamente bajo la lupa la trayectoria del juez al revelar una serie de antecedentes administrativos y disciplinarios acumulados durante su carrera en el sistema de justicia.
Según la información periodística, el Poder Judicial solicitó en 2024 la destitución del magistrado tras la apertura de diversos expedientes vinculados a presuntas faltas graves. Entre los cuestionamientos figuraron acusaciones de acoso sexual, abuso de autoridad y conductas incompatibles con la función judicial.
La Junta Nacional de Justicia inició el 8 de abril de 2024 un procedimiento disciplinario abreviado contra Farfán Calderón por tres hechos específicos. El primero correspondió a un episodio en el que personal de la institución lo encontró dormido dentro del despacho que ocupaba en el Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima.
El segundo estuvo relacionado con presuntas conductas de acoso sexual dirigidas hacia una trabajadora judicial. El tercero apuntó al supuesto uso de su cargo para solicitar favores personales, entre ellos la compra de desayunos, jugos y medicinas.
La resolución emitida en ese contexto planteó expresamente su “destitución por su desempeño” dentro del Poder Judicial. No obstante, el magistrado logró reincorporarse a sus funciones en mayo de 2025 después de que la JNJ lo absolviera en el procedimiento correspondiente.
El informe también recordó que el Ministerio Público investigó en 2019 una denuncia que atribuía al juez y a integrantes de su equipo el presunto cobro de una coima de tres mil dólares. Sin embargo, la investigación concluyó sin sanción debido a la falta de pruebas suficientes para sustentar la acusación.
Los cuestionamientos sobre la actuación de Farfán Calderón no resultan recientes. Una evaluación realizada en 2013 por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura consignó cuatro medidas disciplinarias y tres observaciones vinculadas a su desempeño profesional. Entre ellas figuraron referencias a presunto abuso de autoridad y prevaricato.
Consultado por el medio, Farfán Calderón confirmó mediante mensajes que afrontó el pedido de destitución y que la Junta Nacional de Justicia finalmente lo absolvió. También sostuvo que nunca recibió una notificación formal respecto a la denuncia por presuntas coimas investigada en 2019.
Mientras tanto, el juez continúa a cargo del proceso contra Roberto Sánchez. Durante una audiencia reciente, en la que el político participó de manera virtual, explicó que aún no instalaba formalmente la revisión del requerimiento fiscal debido a que primero debía resolver diversos recursos planteados por las defensas involucradas.
Además, precisó que una de las principales imputaciones contra Sánchez, referida al presunto fraude en la administración de persona jurídica, quedó archivada en septiembre del año pasado.
Farfán Calderón programó para el 4 de junio, a las 3:30 p.m., la continuación de las diligencias. En esa sesión deberá pronunciarse sobre nuevos pedidos procesales antes de evaluar los argumentos de las partes y decidir si autoriza el inicio del juicio oral solicitado por la Fiscalía.
El magistrado Adolfo Fernando Farfán Calderón, responsable de ver el requerimiento fiscal para juicio oral al candidato presidencial Roberto Sánchez, registra un historial marcado por procesos disciplinarios, cuestionamientos a su desempeño y denuncias que motivaron incluso un pedido de destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Farfán Calderón, titular del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, tiene actualmente bajo su competencia el caso que involucra al líder de Juntos por el Perú.
La Fiscalía solicita para Sánchez una pena de cinco años y cuatro meses de prisión por la presunta presentación de información falsa relacionada con aportes y financiamiento partidario entre 2018 y 2020, así como por el supuesto desvío de aproximadamente 280 mil soles de recursos de financiamiento electoral hacia cuentas personales.
Sin embargo, un reportaje difundido por Canal N puso nuevamente bajo la lupa la trayectoria del juez al revelar una serie de antecedentes administrativos y disciplinarios acumulados durante su carrera en el sistema de justicia.
Según la información periodística, el Poder Judicial solicitó en 2024 la destitución del magistrado tras la apertura de diversos expedientes vinculados a presuntas faltas graves. Entre los cuestionamientos figuraron acusaciones de acoso sexual, abuso de autoridad y conductas incompatibles con la función judicial.
La Junta Nacional de Justicia inició el 8 de abril de 2024 un procedimiento disciplinario abreviado contra Farfán Calderón por tres hechos específicos. El primero correspondió a un episodio en el que personal de la institución lo encontró dormido dentro del despacho que ocupaba en el Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima.
El segundo estuvo relacionado con presuntas conductas de acoso sexual dirigidas hacia una trabajadora judicial. El tercero apuntó al supuesto uso de su cargo para solicitar favores personales, entre ellos la compra de desayunos, jugos y medicinas.
La resolución emitida en ese contexto planteó expresamente su “destitución por su desempeño” dentro del Poder Judicial. No obstante, el magistrado logró reincorporarse a sus funciones en mayo de 2025 después de que la JNJ lo absolviera en el procedimiento correspondiente.
El informe también recordó que el Ministerio Público investigó en 2019 una denuncia que atribuía al juez y a integrantes de su equipo el presunto cobro de una coima de tres mil dólares. Sin embargo, la investigación concluyó sin sanción debido a la falta de pruebas suficientes para sustentar la acusación.
Los cuestionamientos sobre la actuación de Farfán Calderón no resultan recientes. Una evaluación realizada en 2013 por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura consignó cuatro medidas disciplinarias y tres observaciones vinculadas a su desempeño profesional. Entre ellas figuraron referencias a presunto abuso de autoridad y prevaricato.
Farfán Calderón confirmó mediante mensajes que afrontó el pedido de destitución
Asimismo, documentos citados por el canal televisivo señalaron que entre 2009 y 2011 el magistrado obtuvo bajos resultados en indicadores relacionados con la gestión de expedientes judiciales. Los registros mencionaron puntajes de 1.31, 1.19 y 0.50 durante esos años.Consultado por el medio, Farfán Calderón confirmó mediante mensajes que afrontó el pedido de destitución y que la Junta Nacional de Justicia finalmente lo absolvió. También sostuvo que nunca recibió una notificación formal respecto a la denuncia por presuntas coimas investigada en 2019.
Mientras tanto, el juez continúa a cargo del proceso contra Roberto Sánchez. Durante una audiencia reciente, en la que el político participó de manera virtual, explicó que aún no instalaba formalmente la revisión del requerimiento fiscal debido a que primero debía resolver diversos recursos planteados por las defensas involucradas.
Además, precisó que una de las principales imputaciones contra Sánchez, referida al presunto fraude en la administración de persona jurídica, quedó archivada en septiembre del año pasado.
Farfán Calderón programó para el 4 de junio, a las 3:30 p.m., la continuación de las diligencias. En esa sesión deberá pronunciarse sobre nuevos pedidos procesales antes de evaluar los argumentos de las partes y decidir si autoriza el inicio del juicio oral solicitado por la Fiscalía.
