PeruanoPromedio
Miembro maestro
Entre 1946 y 1948, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo en Guatemala uno de los experimentos médicos más perturbadores del siglo XX: infectó deliberadamente a más de 1.300 personas con enfermedades de transmisión sex*al, sin que ninguna de ellas lo supiera ni lo autorizara. No fue un error. Fue una decisión planificada, financiada con fondos públicos y ejecutada por médicos del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos.
El responsable principal fue el doctor John C. Cutler, del Servicio de Salud Pública estadounidense. Entre 1946 y 1948, alrededor de 1.500 personas en Guatemala -incluyendo presos, soldados, pacientes psiquiátricos, trabajadoras sex*ales y niños- fueron incorporadas sin consentimiento a estudios sobre enfermedades de transmisión sex*al como sífilis, gonorrea y chancroide.
El método fue metódico y brutal. Primero, los investigadores infectaron a trabajadoras sex*ales con gonorrea o sífilis, y luego permitieron que tuvieran relaciones sin protección con soldados o presos. Cuando pocos hombres resultaron infectados, el enfoque cambió a la inoculación directa en soldados, presos y pacientes de hospitales psiquiátricos. También se vertía bacteria en heridas abiertas o se introducía en ojos, recto y uretra.
El experimento fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos y permaneció oculto por décadas.
El caso salió a la luz en 2010 gracias a la historiadora Susan Reverby, profesora del Wellesley College. Tras la mu*rte de Cutler en 2003, Reverby inició una investigación sobre sus documentos originales, archivados en la Universidad de Pittsburgh. Publicó sus hallazgos en 2010 y los compartió con David Sencer, exdirector del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), desde donde los materiales fueron transferidos al gobierno federal.
El 1 de octubre de 2010, el presidente Barack Obama, ya informado del caso, llamó por teléfono al presidente guatemalteco Álvaro Colom para disculparse por la naturaleza no ética de la investigación. La secretaria de Estado Hillary Clinton y la secretaria de Salud Kathleen Sebelius calificaron los experimentos de "reprobables".
El caso no quedó solo en disculpas. En 2015, alrededor de 775 víctimas guatemaltecas y sus familiares presentaron una demanda civil por 1.000 millones de dólares contra Bristol-Myers Squibb, la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller, alegando que sus familiares fueron sometidos a experimentos sin conocimiento ni consentimiento.
en.wikipedia.org
El responsable principal fue el doctor John C. Cutler, del Servicio de Salud Pública estadounidense. Entre 1946 y 1948, alrededor de 1.500 personas en Guatemala -incluyendo presos, soldados, pacientes psiquiátricos, trabajadoras sex*ales y niños- fueron incorporadas sin consentimiento a estudios sobre enfermedades de transmisión sex*al como sífilis, gonorrea y chancroide.
El método fue metódico y brutal. Primero, los investigadores infectaron a trabajadoras sex*ales con gonorrea o sífilis, y luego permitieron que tuvieran relaciones sin protección con soldados o presos. Cuando pocos hombres resultaron infectados, el enfoque cambió a la inoculación directa en soldados, presos y pacientes de hospitales psiquiátricos. También se vertía bacteria en heridas abiertas o se introducía en ojos, recto y uretra.
El experimento fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos y permaneció oculto por décadas.
El caso salió a la luz en 2010 gracias a la historiadora Susan Reverby, profesora del Wellesley College. Tras la mu*rte de Cutler en 2003, Reverby inició una investigación sobre sus documentos originales, archivados en la Universidad de Pittsburgh. Publicó sus hallazgos en 2010 y los compartió con David Sencer, exdirector del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), desde donde los materiales fueron transferidos al gobierno federal.
El 1 de octubre de 2010, el presidente Barack Obama, ya informado del caso, llamó por teléfono al presidente guatemalteco Álvaro Colom para disculparse por la naturaleza no ética de la investigación. La secretaria de Estado Hillary Clinton y la secretaria de Salud Kathleen Sebelius calificaron los experimentos de "reprobables".
El caso no quedó solo en disculpas. En 2015, alrededor de 775 víctimas guatemaltecas y sus familiares presentaron una demanda civil por 1.000 millones de dólares contra Bristol-Myers Squibb, la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller, alegando que sus familiares fueron sometidos a experimentos sin conocimiento ni consentimiento.
