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Colombiana denuncia injusticia en Perú tras ser detenida hace tres años por un crimen que asegura no haber cometido: pide apoyo a Petro
Desde 2022, Jenny Ibáñez es procesada por secuestro y robo, pero en redes afirmó ser víctima de una “injusticia” del Gobierno peruano
Se reportó un intento de robo a domicilio en el distrito de La Molina, en la cuadra 1 del jirón Punta Pejerrey. La Policía Nacional, en una rápida acción, logró detener a tres sujetos, uno de ellos fue abatido, además se supo que los maleantes eran de nacionalidad extranjera.
Peritos de criminalística llegaron junto al fiscal para realizar los trabajos de investigación y levantamiento del cuerpo del delincuente abatido. Los detenidos son Jhon Percy Espinoza (29), Rubén Mendoza (30) de nacionalidad ecuatoriana, Jenny Ibañez Barragan (27) de nacionalidad colombiana. El fallecido era de nacionalidad venezolana.
No obstante, en medio del desarrollo del caso, surgieron denuncias directas desde la cuenta personal de Instagram de Jenny Ibáñez o de su entorno familiar, en las que se expone un testimonio diferente. Allí, la ciudadana colombiana niega cualquier implicación en los hechos y afirma haber sido víctima de un abuso de poder por parte del sistema judicial peruano.
En una de sus publicaciones, la mujer compartió una imagen con su familia y escribió: “Una de las últimas cenas en un restaurante con mi hijo, el cual cree que lo abandoné, no sabe de injusticias, ya que eso no se hace en mi familia. 3 años sin ver a su madre porque un fiscal corrupto así lo quiso”. En ese mismo mensaje, añadió: “3 años sin ver a mis hijos y cuando los llamo creen que los abandoné. Ya no me quieren hablar por la injusta justicia de Perú.
De acuerdo con su denuncia, la detención obedecería a la necesidad de las autoridades de encontrar un culpable y cerrar el caso de manera apresurada. La mujer asegura que fue víctima de una construcción judicial sin pruebas sólidas y que su relación familiar con uno de los acusados fue malinterpretada y utilizada en su contra.
En sus propias palabras, expresó: “Madre, tía, esposa, nuera, empresaria colombiana gitana y aparte presa política en un país extranjero llamado Perú. Soy una madre colombiana gitana empresaria privada de libertad injustamente por el gobierno de Perú por órdenes de altos funcionarios. Sean mi voz, ya que no la tengo. Los abogados que contrata mi familia solo nos estafan, entre ellos un ex contralor general de Perú”.
Ibáñez también manifestó que ha enfrentado múltiples obstáculos para acceder a una defensa jurídica efectiva. Afirmó que algunos abogados contratados por su familia no solo no ofrecieron garantías de representación legal, sino que, según su versión, incurrieron en irregularidades y promesas incumplidas, lo que ha agravado su situación.
En otra de las publicaciones, hizo un llamado directo a las principales autoridades del Gobierno colombiano: “Etiqueten al presidente @gustavopetrourrego y a la vicepresidenta de Colombia como a la Cancillería por favor @franciamarquezm @cancilleriacol ayúdenme por favor. Dios los va a bendecir a todos. Necesitaban culpar a alguien para no hacer justicia con policías corruptos y fiscal corrupto y de ahí salí yo como anillo al dedo para ellos”.
En su testimonio también se refiere a una disputa familiar que, según relata, habría sido manipulada durante el proceso judicial. “Mi misma prima, con la que discutí, fue a declarar a mi favor y cada día iba a Fiscalía a decir que es una discusión familiar”, dijo en una de sus historias.
Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales del Gobierno colombiano respecto al caso de Jenny Ibáñez Barragán. Tampoco se ha confirmado si la Cancillería tendría intenciones de iniciar alguna gestión consular o seguimiento formal al proceso que se adelanta en Perú.
Sin embargo, los llamados reiterados desde redes sociales, que apelan al acompañamiento del Estado colombiano en esta situación, han empezado a generar atención entre usuarios que se solidarizan con su caso.
Por ahora, la ciudadana continúa a la espera del resultado judicial en su contra, mientras su defensa insiste en la falta de pruebas concluyentes y en las supuestas irregularidades que habrían afectado la legalidad del proceso.
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¿Por qué el gobierno encerraría a una colombiana NN?
