Fiscalía debe investigar a parlamentaria Ariana Orué por presunto caso de 'mochasueldo', dice abogado Rolando Bazán
No descarta que congresista sea castigada con ocho años de cárcel por el delito de concusión después de julio de 2026.
El Ministerio Público (MP) debe evaluar la apertura de una investigación preliminar contra la congresista Ariana Orué (Lealtad Nacional), acusada de presuntamente recortar el sueldo de sus trabajadores para financiar su campaña política.
Así lo sostuvo el abogado penalista Rolando Bazán, quien analizó un eventual delito de concusión atribuido a la parlamentaria, situación que podría llevarla a prisión una vez que deje el cargo.
“Tiene presuntamente una relevancia penal, estaríamos dentro del delito de concusión, que contempla una pena de 2 a 8 años. El fiscal tiene que evaluar la apertura de la llamada investigación preliminar en la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales”, declaró Bazán a EXPRESO.
El especialista consideró fundamental que la Fiscalía recopile todos los elementos probatorios que respalden la denuncia periodística contra la cuestionada legisladora.
“A partir de ahí se va a realizar la recolección de chats, llamadas telefónicas, transferencias; se revisarán los vaucheres y la relación jerárquica entre los trabajadores del Congreso y la congresista”, precisó.
Asimismo, explicó que cualquier proceso contra Orué deberá pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), debido a que aún cuenta con fuero parlamentario.
“Se podría ejercer la denuncia constitucional, la cual es trasladada al Congreso, y el trámite se desarrolla ante la SAC, luego pasa a la Comisión Permanente y posteriormente al pleno. Con ello, el Congreso puede emitir la llamada resolución acusatoria, donde la investigación se vuelve preparatoria formalizada”, indicó.
En esa línea, Bazán no descartó que también se tramite una eventual inhabilitación para el ejercicio de la función pública contra la parlamentaria, incluso si para entonces ya no integra el Congreso y actúa como ciudadana común.
“También puede haber una inhabilitación, eso lo decidirá el Congreso”, remarcó.
El penalista recomendó que la Fiscalía investigue con precisión si los aportes entregados por los trabajadores de Orué Medina fueron realizados de manera voluntaria o bajo presión.
Agregó que, si los pagos mediante Yape o Plin se hicieron por coacción, la congresista podría enfrentar una acusación por concusión.
“En este caso, si el aporte es voluntario no estamos ante el delito. En cambio, si se prueba, más allá de la posible presión que existe por el poder que ejerce la congresista, que obligó a sus trabajadores, estaríamos dentro del delito de concusión”, puntualizó.
