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Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás en una decisión que había provocado una fuerte reacción de científicos y legisladores: la Fundación Nacional de Ciencias, NSF, frenó el plan para desmontar la Ocean Observatories Initiative, una red de vigilancia oceánica valorada en unos 386 millones de dólares y formada por más de 900 sensores instalados en puntos estratégicos del océano.
La decisión original era retirar o desactivar gran parte del sistema, que recoge datos sobre temperatura del mar, corrientes oceánicas, ecosistemas marinos, cambio climático y fenómenos extremos. Para los investigadores, el golpe era enorme: no se trataba solo de quitar boyas o cables, sino de romper una serie de datos acumulada durante años, justo cuando el océano se está calentando y los eventos climáticos extremos se vuelven más peligrosos.
El plan afectaba sensores ubicados frente a Oregón, Washington, Alaska, Carolina del Norte y Groenlandia, zonas clave para estudiar el comportamiento del océano y anticipar riesgos para comunidades costeras, pescadores y sistemas de alerta climática. Según AP, la red ayuda a monitorear desde la circulación oceánica hasta el clima extremo.
La presión política fue decisiva. El senador demócrata Jeff Merkley, de Oregón, y la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, impulsaron el Saving the Ocean Observatories Initiative Act, una medida bipartidista para bloquear el desmantelamiento hasta que la NSF realice una revisión completa y consulte a los sectores afectados.
El Congreso también puso el foco en un punto delicado: legisladores acusaron a la NSF de avanzar sin el aviso obligatorio de 30 días al Congreso antes de desactivar activos federales de alto valor. En otras palabras, el intento de apagar la red no solo generó alarma científica; también abrió una disputa legal y política sobre cómo se estaba manejando dinero e infraestructura pública.
Tras el rechazo, la NSF emitió una actualización el 18 de junio de 2026: dijo que no continuará con la remoción o reducción de equipos, que buscará volver a desplegar instrumentos ya retirados y que convocará a un panel de expertos para definir el futuro del sistema.
La noticia, entonces, no es de hoy 25: el giro ocurrió el 18 de junio de 2026, y durante los días siguientes varios medios retomaron el caso por su impacto ambiental, científico y político.
El fondo del caso es grave: si esta red se desmontaba, Estados Unidos perdía una herramienta clave para observar el océano profundo en tiempo real. Para científicos, pescadores y comunidades costeras, eso significaba menos información para prever desastres, proteger recursos marinos y entender cambios climáticos que ya están afectando al planeta.
Por ahora, los “ojos del océano” siguen encendidos. Pero la pelea dejó una advertencia clara: cuando se recortan sistemas científicos de vigilancia, el costo puede sentirse mucho antes de que el público entienda lo que se perdió.
