rickycardo1
Miembro de plata
Esta bien terminar con masburro pero este va contra todo lo lega.
La Haya, 17 dic (EFE).- La jueza peruana de la Corte Penal Internacional (CPI) Luz del Carmen Ibáñez Carranza, sancionada por Estados Unidos y condenada a prisión por Rusia, denuncia que Washington la ha metido en la misma lista que «Osama bin Laden y el Chapo Guzmán», lo que le impide usar tarjetas de crédito, reservar hoteles o pedir un Uber.
“Nunca pensé que la administración norteamericana, después de 43 años de ejercicio judicial, me comparara o me pusiera en la misma línea que Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán», afirma Ibáñez en una entrevista con EFE en la sede de la CPI en La Haya.
«Estamos en la misma lista de criminales, grandes traficantes de drogas y grandes terroristas. ¿Cuál es la razón? Administrar justicia de manera correcta. Es una llamada de atención al mundo”, añade.
Ni Visa, ni Uber, ni Alexa
Esta magistrada (Perú, 1955) está en la lista negra de dos archienemigos geopolíticos: Rusia la condenó a prisión el viernes -junto a ocho jueces y fiscales- a raíz de la orden de arresto contra el dirigente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania.
“Lo sentí como una condecoración de la democracia y el derecho internacional”, dice sobre esta decisión rusa.
Mientras, el Estados Unidos de Donald Trump puso su nombre en una lista de nueve jueces y fiscales en represalia por dos investigaciones de la CPI: la de crímenes de guerra en Afganistán, que podría afectar a militares estadounidenses, y la de Palestina, que incluyó la emisión de la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El efecto práctico de esas sanciones financieras y restricciones de viaje se extiende a su vida cotidiana. “No puedes usar una tarjeta de crédito… No puedes comprar tiques aéreos, reservar hoteles o Airbnb, ni siquiera pedir comida por Uber o un taxi”, enumera.
Pero celebra: “No tengo cuenta de Apple, ni PayPal, ni mucho menos Alexa, porque no estoy acostumbrada, y no me complico la vida”, dice sobre las plataformas estadounidenses en las que está vetada.
“Tengo visa de Estados Unidos desde que tenía 16 años y cada diez años me la renovaban automáticamente. De pronto ya no tengo visa”, relata.
El objetivo de estas sanciones, lamenta, es que la vida de los jueces sancionados “sea miserable”, lo que se entiende con Bin Laden y El Chapo por “la malignidad de sus conductas y el daño que han hecho al mundo”, pero, con los jueces supone “una persecución contra la independencia judicial que no tiene justificación”.
Su enfado fue mayor cuando las medidas alcanzaron a su familia. “A una de mis hijas también le retiraron la visa. Es una profesional independiente, no vive conmigo y no tiene que ver con mis decisiones ni con la Corte. ¿Cuál es el sentido de eso?”, se pregunta.
«No siento miedo»
Ibáñez recuerda que la CPI actúa “en nombre de 125 Estados” y para “millones de víctimas de crímenes atroces” que no tienen otra instancia a la que acudir.
“Nuestra función importa precisamente porque incomoda a quienes creen que detentan poder absoluto”, señala, al tiempo que interpreta las sanciones como una forma de reconocimiento involuntario de la importancia del tribunal, que persigue crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión.
“Nos han hecho un favor, han puesto el nombre de la Corte en boca de todos”, agrega.
La magistrada, con 35 años de carrera como fiscal peruana, incluido en delitos terrorismo y crímenes de lesa humanidad, lamenta que “los acosos e intimidaciones por parte de quienes creen que tienen el poder” no son algo nuevo para ella.
“En Perú, procesando esos delitos, he sufrido de todo: me han mandado a seguir a mis hijas, me han pintado la casa, me han mandado amenazas, han puesto bombas por donde yo pasaba”.
Pero con su llegada a la CPI en 2018, pensó que entraba en “el cenáculo de la justicia penal universal” y no esperaba que “grandes poderes políticos se puedan sentir afectados cuando jueces, en pleno uso de su independencia y la ley en la mano, administran justicia”.
Ibáñez asegura no sentir miedo. “No lo siento ahora, no lo sentía antes y nunca lo he sentido. Soy una mujer de convicciones”, afirma.
“Estoy aquí porque hay millones de víctimas para quienes la justicia ni siquiera es una palabra, ni siquiera es un concepto. Nadie los escucha. Todos los ignoran, hablan otro idioma, son pobres, son mujeres, son discapacitados, pero en esta Corte sí hay un espacio para ellos”, advierte.
Por eso, pese a esta situación “inmerecida e injusta”, sentencia: “Nada de esto nos hará retroceder, vamos a seguir administrando justicia en la forma en la que lo hemos venido haciendo» porque esa misión «no se anula con ninguna sanción u orden de arresto”. EFE
La Haya, 17 dic (EFE).- La jueza peruana de la Corte Penal Internacional (CPI) Luz del Carmen Ibáñez Carranza, sancionada por Estados Unidos y condenada a prisión por Rusia, denuncia que Washington la ha metido en la misma lista que «Osama bin Laden y el Chapo Guzmán», lo que le impide usar tarjetas de crédito, reservar hoteles o pedir un Uber.
“Nunca pensé que la administración norteamericana, después de 43 años de ejercicio judicial, me comparara o me pusiera en la misma línea que Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán», afirma Ibáñez en una entrevista con EFE en la sede de la CPI en La Haya.
«Estamos en la misma lista de criminales, grandes traficantes de drogas y grandes terroristas. ¿Cuál es la razón? Administrar justicia de manera correcta. Es una llamada de atención al mundo”, añade.
Ni Visa, ni Uber, ni Alexa
Esta magistrada (Perú, 1955) está en la lista negra de dos archienemigos geopolíticos: Rusia la condenó a prisión el viernes -junto a ocho jueces y fiscales- a raíz de la orden de arresto contra el dirigente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania.
“Lo sentí como una condecoración de la democracia y el derecho internacional”, dice sobre esta decisión rusa.
Mientras, el Estados Unidos de Donald Trump puso su nombre en una lista de nueve jueces y fiscales en represalia por dos investigaciones de la CPI: la de crímenes de guerra en Afganistán, que podría afectar a militares estadounidenses, y la de Palestina, que incluyó la emisión de la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El efecto práctico de esas sanciones financieras y restricciones de viaje se extiende a su vida cotidiana. “No puedes usar una tarjeta de crédito… No puedes comprar tiques aéreos, reservar hoteles o Airbnb, ni siquiera pedir comida por Uber o un taxi”, enumera.
Pero celebra: “No tengo cuenta de Apple, ni PayPal, ni mucho menos Alexa, porque no estoy acostumbrada, y no me complico la vida”, dice sobre las plataformas estadounidenses en las que está vetada.
“Tengo visa de Estados Unidos desde que tenía 16 años y cada diez años me la renovaban automáticamente. De pronto ya no tengo visa”, relata.
El objetivo de estas sanciones, lamenta, es que la vida de los jueces sancionados “sea miserable”, lo que se entiende con Bin Laden y El Chapo por “la malignidad de sus conductas y el daño que han hecho al mundo”, pero, con los jueces supone “una persecución contra la independencia judicial que no tiene justificación”.
Su enfado fue mayor cuando las medidas alcanzaron a su familia. “A una de mis hijas también le retiraron la visa. Es una profesional independiente, no vive conmigo y no tiene que ver con mis decisiones ni con la Corte. ¿Cuál es el sentido de eso?”, se pregunta.
«No siento miedo»
Ibáñez recuerda que la CPI actúa “en nombre de 125 Estados” y para “millones de víctimas de crímenes atroces” que no tienen otra instancia a la que acudir.
“Nuestra función importa precisamente porque incomoda a quienes creen que detentan poder absoluto”, señala, al tiempo que interpreta las sanciones como una forma de reconocimiento involuntario de la importancia del tribunal, que persigue crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión.
“Nos han hecho un favor, han puesto el nombre de la Corte en boca de todos”, agrega.
La magistrada, con 35 años de carrera como fiscal peruana, incluido en delitos terrorismo y crímenes de lesa humanidad, lamenta que “los acosos e intimidaciones por parte de quienes creen que tienen el poder” no son algo nuevo para ella.
“En Perú, procesando esos delitos, he sufrido de todo: me han mandado a seguir a mis hijas, me han pintado la casa, me han mandado amenazas, han puesto bombas por donde yo pasaba”.
Pero con su llegada a la CPI en 2018, pensó que entraba en “el cenáculo de la justicia penal universal” y no esperaba que “grandes poderes políticos se puedan sentir afectados cuando jueces, en pleno uso de su independencia y la ley en la mano, administran justicia”.
Ibáñez asegura no sentir miedo. “No lo siento ahora, no lo sentía antes y nunca lo he sentido. Soy una mujer de convicciones”, afirma.
“Estoy aquí porque hay millones de víctimas para quienes la justicia ni siquiera es una palabra, ni siquiera es un concepto. Nadie los escucha. Todos los ignoran, hablan otro idioma, son pobres, son mujeres, son discapacitados, pero en esta Corte sí hay un espacio para ellos”, advierte.
Por eso, pese a esta situación “inmerecida e injusta”, sentencia: “Nada de esto nos hará retroceder, vamos a seguir administrando justicia en la forma en la que lo hemos venido haciendo» porque esa misión «no se anula con ninguna sanción u orden de arresto”. EFE
