Las autoridades iraníes acusaron a los hombres de matar a dos policías durante las protestas de enero. Grupos de derechos humanos habían expresado su preocupación por las causas abiertas contra ellos.
Manifestantes en Teherán, en enero. Las protestas, desencadenadas por el aumento de la inflación y el desplome del rial, se ampliaron posteriormente para exigir un cambio político en Irán.
El gobierno de Irán anunció la ejecución de dos hombres vinculados a las manifestaciones masivas que estallaron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por la policía de la moral. Según las autoridades, los acusados habrían participado en actos violentos durante las protestas, pero organizaciones de derechos humanos denuncian que los juicios fueron sumarios y carecieron de garantías mínimas de debido proceso.
Las ejecuciones forman parte de una estrategia más amplia del régimen iraní para sofocar la disidencia. Desde el inicio de las protestas, decenas de manifestantes han sido condenados a muerte, y varios ya han sido ejecutados, lo que ha generado alarma en la comunidad internacional. Grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen que estas medidas buscan intimidar a la población y desalentar nuevas movilizaciones.
La reacción global ha sido inmediata: gobiernos occidentales y organismos internacionales han condenado las ejecuciones, calificándolas de violaciones graves a los derechos humanos. Mientras tanto, dentro de Irán, la represión continúa, con detenciones masivas y restricciones a la libertad de expresión. El caso refuerza la percepción de que el régimen utiliza la pena capital no solo como castigo, sino como un instrumento político para mantener el control frente al creciente descontento social.
