Empresa pedirá reparación civil de S/300 mil a Alejandro Soto

Empresa perjudicada por ley de prescripción buscará justicia por la vía civil


BENEFICIADO. Soto logró salvarse de sentencia con esta ley.

La aplicación de una ley con nombre propio, que permitió —justo a tiempo— que el hoy presidente del Congreso, Alejandro Soto, se libre de una sentencia de más de ocho años de prisión por estafa y falsedad genérica, ha puesto prácticamente fin a las pretensiones de la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu de encontrar justicia en el ámbito penal.

Ahora que el juez ha declarado el archivo del caso por prescripción, ley que el mismo Soto impulsó en el Parlamento y hasta votó para su aprobación el 25 de mayo último, la parte afectada reclamará, aunque ya por la vía civil, una reparación civil de más de 300 mil soles contra el legislador apepista.

“Cuando salga la sentencia y se acredite el daño y se vea que efectivamente se actuó de mala fe y el juez decida aceptar nuestra pretensión de indemnización significará que en el fondo teníamos razón. Será de alguna manera una victoria”, explica Darwin Urquizo, abogado de Waynapicchu, quien ha reconocido que igual el proceso será complicado.

El letrado señaló que en la audiencia del pasado 21 de julio, donde el juez titular del Tercer Juzgado Penal del Cusco, Carlos Román Gilse, dictó el sobreseimiento, la Fiscalía no se pronunció, por lo que es poco probable la apelación a este fallo.

PRESCRIPCIÓN DISCUTIBLE
Para Urquizo la prescripción en este caso es discutible, pues se tomó como referencia en ambas acusaciones fiscales —las referidas al estatuto de la empresa como a la compra del terreno— la fecha de firma del contrato, es decir 2012, cuando debió fijarse como plazo la fecha del último pago, 2014, con lo que no habría alcanzado la nueva aplicación de la prescripción recortada ahora a un año.

Para Andy Carrión, especialista en temas penales, hay poco que hacer en este caso para la empresa, tras la ley que recorta el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal.

“El tema de la prescripción ya es casi una cuestión matemática con esta nueva norma aprobada en el Congreso. Si ya prescribió, ya hay poco que hacer, en realidad. Y en rigor es poco probable, además, que se pueda ganar la reparación civil, si este proceso avanza solo. Otra situación sería si se da un proceso principal y luego la reparación civil”, señaló Carrión para Perú21.

Waynapicchu denunció a Soto por no cumplir con redactar los estatutos de la compañía y quedarse con los 20 mil soles que le pagaron.También le imputa el haberles vendido un terreno y no informar que era de su propiedad.

Alejandro Soto Reyes se salvó de una condena de ocho años y ocho meses por estafa y falsedad genérica, pero no del pago de la reparación civil a la empresa que resultó afectada por la compra de un terreno a precio sobrevalorado y cuyo verdadero dueño era el mismo Soto.


La compañía Transportes Wayna Picchu exigió al juez cusqueño Carlos Román Gil que inicie el procedimiento contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para que abone una reparación civil de S/323.829 por daños y perjuicios por dos hechos específicos:

• S/287.829 por haber recomendado la adquisición de un predio por US$265.000 y ocultar que él había adquirido el terreno ocho meses antes por US$5.000 a la comunidad campesina de Ayarmaca, distrito de San Sebastián, Cusco.
• S/36.558 por haber cobrado honorarios para elaborar los estatutos de la empresa y no haber cumplido con el compromiso.

El abogado de Wayna Picchu, Darwin Urquizo Pereira, le recordó al magistrado Carlos Román que, si bien el 26 de julio de este año archivó el caso contra Alejandro Soto por estafa y falsedad genérica, la reclamación de la reparación civil por parte del agraviado sigue su propio curso.




Tremenda Rata que tenemos de presidente del congreso .... de Alianza para el progreso tenia que ser

Para eso entró al chongreso para evitar la justicia y ser castigado ese estafador.

En todo partido politico siempre admiten personajes de cualquier denuncia judicial

Jaja tremenda joyita eligieron los otorongos. Parecen el electarado peruano

Congresistas no descartan presentar moción de censura a la mesa Directiva del Congreso tras conocerse que Alejando Soto mintió



Alejandro Soto no deja de dar razones para que busquen sacarlo de la presidencia del Congreso. Ahora se sabe que mintió en su declaración jurada para postular al Parlamento. Señaló que no tenía ninguna deuda por concepto de reparación civil cuando no había pagado la caución de 10 mil soles que le impuso la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco, tras perder un juicio por difamación en el año 2013. Según explicó, cuando se inscribió para congresista en el 2020 no figuraba ninguna deuda pendiente en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI).

Sin embargo, esto ya no convenció a los demás otorongos. Advirtieron que, de no aclarar esta y otras denuncias de manera convincente, estarían listos para promover su censura, no solo de él, sino de toda la mesa directiva. Hasta Alejandro Muñante de Renovación Popular se mostró a favor de la posible censura. Eso sí, el líder del partido de Soto, César Acuña, salió a defender al presidente del Congreso acusando a la prensa de fomentar la inestabilidad. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, le respondieron a Acuña.

Estamos a un paso de que el FUJIMONTESINISMO tome el poder del congreso.Una vez la ORGANIZACIÓN CRIMINAL Fuerza Popular tome el poder DINA BALEARTE esta de sobra, pero la dejaran fugarse a USA y tomarán la presidencia.

Ahora resulta que la culpa es del fujimontesinismo. No cuenta que Soto sea un idiota que no sepa defenderse y tenga claros problemas legales.

Y así quieren redactar una constitución los imbéciles como el de arriba de mi comentario. ☝

Vayaaa! estos congresistas no estan conformes con nadie

Aparecieron las pruebas de que el actual presidente del Congreso es un estafador.


Congreso: empresa presenta cheques de la estafa de Alejandro Soto

Pruebas. La empresa Transportes Wayna Picchu, que fue víctima del engaño de Alejandro Soto, entregó al juez Carlos Román evidencia documental de la compra de un terreno a precio supersobrevalorado.



En el lapso de 8 meses, la fortuna de Alejandro Soto Reyes cambió radicalmente. Compró un terreno a la comunidad campesina de Ayamarca por US$5 mil. Luego, aprovechando su posición de asesor legal de la empresa donde trabajaba, Transportes Wayna Picchu, convenció al directorio para adquirir el mismo predio por US$265 mil.

Transportes Wayna Picchu sostiene que el directorio, que aprobó la adquisición del terreno a la comunidad campesina, desconocía que el verdadero propietario era el mismo Alejandro Soto.

La empresa descubrió el engaño 5 años después, cuando practicó una auditoría y descubrió que el pago de los US$265 mil por el predio fueron extendidos a nombre de Alejandro Soto Reyes, en 2012: US$200 mil el 26 de noviembre y US$65 mil el 24 de diciembre.

Como parte del proceso para obtener de Alejandro Soto el pago de una reparación civil por daños y perjuicios por S/323 mil, Transportes Wayna Picchu entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil los documentos obtenidos por La República, que confirman que los cheques estaban a nombre de Soto y que él mismo los recibió, como acreditan sus firmas y huellas digitales.

En su defensa, Soto ha dicho que la empresa “recién” le hizo el reclamo por la compra del terreno 5 años después.

El año del destape
Y, en efecto, así fue. En 2017, Transportes Wayna Picchu detectó el engaño que hizo el congresista en complicidad con otros integrantes de la empresa y personas ajenas a la misma. Soto simuló que nada tenía que ver con la propiedad del predio, pero el gerente general de ese entonces, Mario Sequeiros Fajardo, sí lo sabía, por eso emitió los dos cheques a nombre de Alejandro Soto.

“Se hicieron diversas auditorías y un proceso de reestructuración contable, de donde salió la información de una serie de irregularidades que cometieron los imputados y en las que participó Alejandro Soto en perjuicio de la empresa Wayna Picchu”, explicó el abogado de la compañía estafada, Darwin Urquizo Pereira.

“Las auditorías no se hacen de la noche a la mañana, toman su tiempo. Es así que con los informes de auditorías entregadas en 2017, la junta de accionistas decidió denunciar a los responsables, entre ellos Alejandro Soto, por todo lo que cometieron en agravio de la empresa”, añadió Urquizo.

También fueron parte de la trama la contadora de Transportes de Wayna Picchu, Datne Flores Medina, y el corredor inmobiliario Juan Durand Gonzales, quien ocultó que el terreno era de Soto.

Se suma a estos el ingeniero agrónomo Marco Quenta Escalante, que elaboró el informe sobre el terreno con una extensión mucho menor.

Gato panza arriba
La fiscal Etel Marquina Rodríguez corroboró los hechos y solicitó 8 años y 8 meses de prisión para Soto por los delitos de estafa y falsedad genérica, y también requirió penas para sus cómplices.

La defensa de Alejandro Soto intentó distintas argucias para librarse de la imputación de la fiscal Marquina, y todas fueron rechazadas, como la figura de la prescripción, por lo que fue llevado a juicio, como reveló una investigación de La República.

Soto consiguió postergar hasta el 21 de julio de este año la audiencia para escuchar su sentencia, mientras que al mismo tiempo aprovechó para poner en la agenda del Pleno del Congreso el debate para la aprobación de la ley de prescripción que lo salvaría de una condena de cárcel.

El propio Alejandro Soto votó a favor del dictamen y finalmente se promulgó la Ley N° 31751, que le calzaba como anillo al dedo, y el 14 de julio de este año solicitó de inmediato acogerse a la norma para que se declarase archivada la acusación fiscal en su contra.

Es un caso penal
El juez Carlos Román aceptó el pedido de Soto el 21 del mismo mes, y el 24 de julio emitió la resolución archivando el caso contra Soto, convenientemente 48 horas antes que fuera elegido presidente del Congreso.

Sin embargo, Alejandro Soto no se libró del pago de la reparación civil. El mismo juez Carlos Román señaló en su resolución, que archivó la acusación contra Soto, que procedía que la parte agraviada, Transportes Wayna Picchu, solicitara el pago de la reparación civil. Con la prescripción, Soto evitó una sentencia judicial, pero no así borró el delito de estafa, por eso debe pagar a la compañía que engañó.

Por eso es que Transportes Wayna Picchu entregó al juez copia de los cheques que son la prueba de la estafa que perpetró el ahora presidente del Congreso.

“Este proceso no solo tiene connotaciones civiles, como dice Alejandro Soto, sino también connotaciones penales, por esa razón la fiscal Etel Marquina presentó una acusación contra todos los imputados”, recordó el defensor de la empresa Transportes Wayna Picchu.

Darwin Urquizo señaló que el delito de estafa que se le imputó a Alejandro Soto Reyes se basa en el timo, en el embaucamiento, en la defraudación y en aprovecharse de la fe de las personas en beneficio propio.

“¿Qué significa la estafa? La estafa es alterar la realidad, engañar mediante una argucia a la persona agraviada con el fin de beneficiarse económicamente y eso es lo que ha hecho Alejandro Soto”, arguyó Urquizo.

Indicó que el directorio le había confiado agotar todos los recursos para que el caso no quede impune.

“Vamos a luchar para que Alejandro Soto pague la reparación civil y el perjuicio que ha ocasionado a la empresa Waynapicchu”, aseguró.

“Ocultó que la Ley 31751 lo beneficiaba”
Así como ocultó a la empresa Transportes Wayna Picchu que sería el principal beneficiado de la compra de un terreno de US$265 mil, de la misma manera se quedó callado cuando se aprobó la ley a la que luego recurrió para “matar” la denuncia fiscal en su contra.

“Este caso es especial porque Alejandro Soto no mencionó que iba a salir beneficiado. No dio cuenta, no advirtió a nadie, no cumplió con su deber de decir que no podía participar en el debate y votar en un proyecto porque lo iba a beneficiar”, indicó el abogado Darwin Urquizo.

“Más allá de las buenas intenciones, Alejandro Soto lo ocultó para obtener un beneficio personal en la aprobación de esta ley, que tuvo una consecuencia lamentable, al menos en nuestro caso”, manifestó el defensor de Transportes Wayna Picchu. Soto llegó a decir que no pidió acogerse a la Ley N° 31751, pero no era cierto.

Cheques a nombre de Soto
Cheques por US$265 mil a nombre de Alejandro Soto, quien pagó por el mismo predio US$5 mil a una comunidad de campesinos pobres.






Congreso: empresa presenta cheques de la estafa de Alejandro Soto | Transportes Wayna Picchu | Carlos Román | Mesa Directiva | | Congreso | La República (larepublica.pe)

Cuando salió elegido ese esperpento, lo primero que pensé fue que lo pusieron para quemarlo rápido.

Este escándalo pasaba en el Gobierno de Castillo y aparecía en todas las portadas de los diarios capitalinos... seguido de marchas de vecinos miraflorinos, indignados por la corrupción.

Bueno, a la espera de su moción o renuncia.
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mundomagico dijo:

Cuando salió elegido ese esperpento, lo primero que pensé fue que lo pusieron para quemarlo rápido.

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Y así querían escribir una nueva constitución esos lapicitos. Para idiotas no les gana nadie.

Contexto?

La profesia del lagarto se cumple Nano Guerra presidente del Perú

Quitenle la inmunidad y que se pudra en la cárcel este estafador

Nano hubiese sido mejor opicon para primer presidente. Adrede eligieron al mas quemado los otorongos

mundomagico dijo:

Cuando salió elegido ese esperpento, lo primero que pensé fue que lo pusieron para quemarlo rápido.

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La gente castillista tuvo la oportunidad de quemar el chongreso cuando estaban alli hace un mes peerroooo no pudieron hacerlo.

kema91 dijo:

Ahora resulta que la culpa es del fujimontesinismo. No cuenta que Soto sea un idiota que no sepa defenderse y tenga claros problemas legales.

Y así quieren redactar una constitución los imbéciles como el de arriba de mi comentario. ☝

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¿Tan rapido se destruyó la alianza fujicerronista?

Pruebas. La empresa Transportes Wayna Picchu, que fue víctima del engaño de Alejandro Soto, entregó al juez Carlos Román evidencia documental de la compra de un terreno a precio supersobrevalorado.



En el lapso de 8 meses, la fortuna de Alejandro Soto Reyes cambió radicalmente. Compró un terreno a la comunidad campesina de Ayamarca por US$5 mil. Luego, aprovechando su posición de asesor legal de la empresa donde trabajaba, Transportes Wayna Picchu, convenció al directorio para adquirir el mismo predio por US$265 mil.

Transportes Wayna Picchu sostiene que el directorio, que aprobó la adquisición del terreno a la comunidad campesina, desconocía que el verdadero propietario era el mismo Alejandro Soto.

La empresa descubrió el engaño 5 años después, cuando practicó una auditoría y descubrió que el pago de los US$265 mil por el predio fueron extendidos a nombre de Alejandro Soto Reyes, en 2012: US$200 mil el 26 de noviembre y US$65 mil el 24 de diciembre.

Como parte del proceso para obtener de Alejandro Soto el pago de una reparación civil por daños y perjuicios por S/323 mil, Transportes Wayna Picchu entregó al juez cusqueño Carlos Román Gil los documentos obtenidos por La República, que confirman que los cheques estaban a nombre de Soto y que él mismo los recibió, como acreditan sus firmas y huellas digitales.

En su defensa, Soto ha dicho que la empresa “recién” le hizo el reclamo por la compra del terreno 5 años después.


Cómplice. Exgerente general de Transportes Wayna Picchu, Mario Sequeiros Fajardo. Foto: difusión


Otro cómplice. El corredor inmobiliario Juan Durand Gonzales fue parte de la jugada. Foto: composiciónLR/difusión

Es un caso penal
El juez Carlos Román aceptó el pedido de Soto el 21 del mismo mes, y el 24 de julio emitió la resolución archivando el caso contra Soto, convenientemente 48 horas antes que fuera elegido presidente del Congreso.

Sin embargo, Alejandro Soto no se libró del pago de la reparación civil. El mismo juez Carlos Román señaló en su resolución, que archivó la acusación contra Soto, que procedía que la parte agraviada, Transportes Wayna Picchu, solicitara el pago de la reparación civil. Con la prescripción, Soto evitó una sentencia judicial, pero no así borró el delito de estafa, por eso debe pagar a la compañía que engañó.

“Ocultó que la Ley 31751 lo beneficiaba”
Así como ocultó a la empresa Transportes Wayna Picchu que sería el principal beneficiado de la compra de un terreno de US$265 mil, de la misma manera se quedó callado cuando se aprobó la ley a la que luego recurrió para “matar” la denuncia fiscal en su contra.

“Este caso es especial porque Alejandro Soto no mencionó que iba a salir beneficiado. No dio cuenta, no advirtió a nadie, no cumplió con su deber de decir que no podía participar en el debate y votar en un proyecto porque lo iba a beneficiar”, indicó el abogado Darwin Urquizo.

“Más allá de las buenas intenciones, Alejandro Soto lo ocultó para obtener un beneficio personal en la aprobación de esta ley, que tuvo una consecuencia lamentable, al menos en nuestro caso”, manifestó el defensor de Transportes Wayna Picchu. Soto llegó a decir que no pidió acogerse a la Ley N° 31751, pero no era cierto.

Cheques a nombre de Soto
Cheques por US$265 mil a nombre de Alejandro Soto, quien pagó por el mismo predio US$5 mil a una comunidad de campesinos pobres.

El titular del Parlamento afrontaría una investigación por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

La Procuraduría General del Estado solicitó este martes el inicio de las diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.