El Congreso archivó la denuncia contra Dina Boluarte por el caso Rolex, pese a pruebas fiscales, alegando impedimentos constitucionales para procesarla mientras esté en funciones.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado “caso Rolex”. Con 10 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el informe elaborado por la congresista Nilsa Chacón, que recomienda no continuar con el proceso, alegando impedimentos constitucionales.
La denuncia fue interpuesta por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y acusaba a Boluarte del presunto delito de cohecho pasivo impropio. Según el Ministerio Público, la mandataria habría recibido tres relojes Rolex, un par de aretes de oro y una pulsera Bangle de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favorecer transferencias presupuestales hacia su región mediante decretos supremos.
Pese a que el Ministerio Público presentó 33 elementos de convicción, incluido el testimonio de una colaboradora eficaz, el informe aprobado por la SAC no analiza el fondo del caso ni evalúa dichas pruebas. Chacón argumentó que los hechos imputados no se encuentran dentro de las causales del artículo 117 de la Constitución, el cual establece los supuestos bajo los cuales un presidente en funciones puede ser procesado.
La decisión de archivar la denuncia también contradice al informe de calificación inicial de la misma Subcomisión, que consideró procedente la acusación. Además, la SAC ignoró una solicitud previa de la Fiscalía para suspender el trámite de la denuncia, aludiendo precisamente al impedimento constitucional que ahora se utiliza como justificación para archivar el caso.
El informe final incluso plantea una posible infracción constitucional por parte del exfiscal Juan Carlos Villena por haber promovido una acusación que, según la congresista Chacón, estaría prohibida por la Constitución. Así, con esta votación, el Congreso blinda a la presidenta Boluarte de cualquier investigación penal por este caso mientras dure su mandato, dejando en suspenso el esclarecimiento de las denuncias formuladas por el Ministerio Público.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra la presidenta
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