Según informó el Ministerio Público, Máximo Sánchez, exgeneral de la Policía, incrementó ilícitamente su patrimonio "mientras ejercía altos cargos de mando en zonas estratégicas como el Vraem y el Huallaga, así como la dirección de la Región Policial Junín".
El Poder Judicial condenó a 5 años de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de prueba de cuatro años, a Máximo Sánchez, exgeneral de la Policía Nacional del Perú, tras ser hallado culpable del incremento ilícito de su patrimonio en más de S/200 mil, mientras ejercía altos cargos en las fuerzas del orden.
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro acreditó ante la judicatura que, entre 2010 y 2015, el exgeneral PNP incrementó ilícitamente su patrimonio en S/ 250 190.56, mientras ejercía altos cargos de mando en zonas estratégicas como el Vraem y el Huallaga, así como la dirección de la Región Policial Junín.
Por esta razón, fue inhabilitado a ejercer cargos públicos por un año y también se le impuso el pago de una reparación civil de S/ 300 190.56, que incluye la devolución del monto defraudado al patrimonio público y una indemnización por el daño causado a la imagen del Estado.
RPP Noticias
El Poder Judicial condenó a 5 años de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de prueba de cuatro años, a Máximo Sánchez, exgeneral de la Policía Nacional del Perú, tras ser hallado culpable del incremento ilícito de su patrimonio en más de S/200 mil, mientras ejercía altos cargos en las fuerzas del orden.
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro acreditó ante la judicatura que, entre 2010 y 2015, el exgeneral PNP incrementó ilícitamente su patrimonio en S/ 250 190.56, mientras ejercía altos cargos de mando en zonas estratégicas como el Vraem y el Huallaga, así como la dirección de la Región Policial Junín.
Pericia financiera demostró el ilícito
Cabe precisar que el exalto mando policial no pudo justificar la legalidad de los fondos y que dicho dinero correspondía a ahorros familiares o un estilo de vida austero.Por esta razón, fue inhabilitado a ejercer cargos públicos por un año y también se le impuso el pago de una reparación civil de S/ 300 190.56, que incluye la devolución del monto defraudado al patrimonio público y una indemnización por el daño causado a la imagen del Estado.
RPP Noticias
