Más de un mes después del inicio del apagón, la situación se mantiene sin cambios. Cuando una interrupción se prolonga en el tiempo sin corrección ni explicación pública, deja de ser un incidente técnico
Ejemplares del diario iraní "Seda" con una fotografía del presidente estadounidense Donald Trump y una frase en persa que reza: "Irán no es Venezuela".
Desde el 27 de febrero de 2026, Irán vive un apagón digital que ha dejado al país prácticamente desconectado del internet global. Más de un mes después, la situación se mantiene sin cambios y sin explicaciones oficiales, lo que evidencia que no se trata de un fallo técnico, sino de una estrategia deliberada. El acceso a la información se concibe como un recurso administrado por el Estado, que decide cuándo y cómo los ciudadanos pueden conectarse. Según datos de NetBlocks, apenas un 1% de los usuarios conserva acceso, principalmente aquellos vinculados al aparato estatal.
La infraestructura que sostiene este control se ha desarrollado durante años. El régimen ha construido una red nacional paralela que permite mantener servicios internos mientras limita el acceso al exterior. Esto ha provocado un colapso económico inmediato para miles de personas que dependían de internet para trabajar o vender productos, como programadores o pequeños negocios en redes sociales. Las alternativas, como las VPN, resultan caras, inestables y arriesgadas, lo que convierte la conexión en un privilegio casi inaccesible. Además, quienes intentan acceder sin autorización se exponen a acusaciones de espionaje o colaboración con potencias extranjeras.
El caso de la empresa ArvanCloud ilustra cómo la tecnología se convierte en herramienta de represión. Esta compañía iraní de servicios en la nube ha sido clave en la capacidad del régimen para filtrar y bloquear el tráfico de datos, y figura en listas de sanciones internacionales por su papel en la represión de protestas. El modelo iraní no es aislado: Rusia y China han desarrollado sistemas similares de internet soberano, y otros países observan con interés. Así, el control de la conectividad se transforma en un instrumento de poder global, donde la coerción ya no depende solo de leyes o censura explícita, sino de las condiciones mismas de acceso a la red.
