rickycardo1
Miembro de plata
Indigenas canibales no fueron sentenciados.
La infame absolución de los acusados por el asesinato de 24 policías en Bagua vuelve a abrir una herida que el país jamás ha cerrado. No porque la justicia no deba absolver cuando no existen pruebas suficientes, sino porque este caso —como tantos otros en el Perú— revela un patrón más profundo: un Estado que improvisa, que abandona y luego pretende que la responsabilidad del asesinato de seres humanos se diluya en el aire.
El “Baguazo” no fue un simple accidente ni un estallido espontáneo. Fue la consecuencia de decisiones políticas tomadas sin diálogo, sin comprensión del territorio y sin respeto por las comunidades amazónicas. Y fue, asimismo, el resultado de un comando policial enviado a una operación sin información adecuada, sin respaldo logístico y sin un plan que priorizara la vida. Los 24 policías asesinados no murieron por fatalidad: fallecieron porque el Estado los expuso temerariamente.
Hoy, más de quince años después, el Poder Judicial concluye que “no hay “responsables penales”. Pero aquella conclusión jurídica no resuelve la cuestión moral y política que arrastra el país desde 2009: ¿quién responde por decisiones que desembocaron en un enfrentamiento anunciado, evitable y mal conducido? ¿Quién asume la responsabilidad por enviar a agentes del orden a un operativo que era, desde su diseño mismo, una trampa mortal?
La absolución puede ser correcta en términos estrictamente legales. Sin embargo, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: en el Perú, las tragedias institucionales no tienen autor. Nadie las planifica, nadie ordena, nadie falla. Todo ocurre por inercia y por casualidad; consecuentemente, luego viene la catástrofe y después ésta se archiva.
Las familias de los policías caídos merecen mucho más que un fallo. Merecen verdad. Merecen que el Estado reconozca que sus hijos no murieron por azar, sino víctimas de una cadena de malas decisiones políticas y operativas que nunca se planificaron con rigor ni la debida profundidad. En consecuencia, los veinticuatro muertos merecen mucho más respeto: y sus familiares, más comprensión y reconocimiento de la sociedad. Sobre todo, claman porque de una vez por todas nuestro país aprenda algo de tamaña tragedia, para que no vuelva a repetirse.
La infame absolución de los acusados por el asesinato de 24 policías en Bagua vuelve a abrir una herida que el país jamás ha cerrado. No porque la justicia no deba absolver cuando no existen pruebas suficientes, sino porque este caso —como tantos otros en el Perú— revela un patrón más profundo: un Estado que improvisa, que abandona y luego pretende que la responsabilidad del asesinato de seres humanos se diluya en el aire.
El “Baguazo” no fue un simple accidente ni un estallido espontáneo. Fue la consecuencia de decisiones políticas tomadas sin diálogo, sin comprensión del territorio y sin respeto por las comunidades amazónicas. Y fue, asimismo, el resultado de un comando policial enviado a una operación sin información adecuada, sin respaldo logístico y sin un plan que priorizara la vida. Los 24 policías asesinados no murieron por fatalidad: fallecieron porque el Estado los expuso temerariamente.
Hoy, más de quince años después, el Poder Judicial concluye que “no hay “responsables penales”. Pero aquella conclusión jurídica no resuelve la cuestión moral y política que arrastra el país desde 2009: ¿quién responde por decisiones que desembocaron en un enfrentamiento anunciado, evitable y mal conducido? ¿Quién asume la responsabilidad por enviar a agentes del orden a un operativo que era, desde su diseño mismo, una trampa mortal?
La absolución puede ser correcta en términos estrictamente legales. Sin embargo, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: en el Perú, las tragedias institucionales no tienen autor. Nadie las planifica, nadie ordena, nadie falla. Todo ocurre por inercia y por casualidad; consecuentemente, luego viene la catástrofe y después ésta se archiva.
Las familias de los policías caídos merecen mucho más que un fallo. Merecen verdad. Merecen que el Estado reconozca que sus hijos no murieron por azar, sino víctimas de una cadena de malas decisiones políticas y operativas que nunca se planificaron con rigor ni la debida profundidad. En consecuencia, los veinticuatro muertos merecen mucho más respeto: y sus familiares, más comprensión y reconocimiento de la sociedad. Sobre todo, claman porque de una vez por todas nuestro país aprenda algo de tamaña tragedia, para que no vuelva a repetirse.
