A pesar de estar inhabilitado de contratar con el Estado, la empresa del familiar del premier ha recibido más de S/2 millones vía órdenes de servicio en lo que va de 2022.
La empresa Aldem S.A.C. tiene como accionista a Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Foto: PCM
La congresista Norma Yarrow (Avanza País) pidió hoy a la OSCE información sobre la empresa ALDEM SAC que sigue contratando con el Estado pese a estar inhabilitada desde abril último. La firma es de Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del primer ministro Aníbal Torres.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez mostrar mi preocupación por las denuncias periodísticas que señalan que la empresa Aldem S.A.C., cuyo accionista es Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del presidente del Consejo de Ministros, continúa contratando con el estado a pesar de estar sancionada por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, debido a que obtuvo tres órdenes de servicio en los meses de enero, mayo y julio del año 2022, a favor del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por más de dos millones 300 mil soles”, reseña el documento.
Perú21 informó que en lo que va del año, la empresa de Víctor Torres ha girado tres órdenes de servicio —en enero, mayo y julio— a Cenares por, al menos, S/2′359,200. Además, dos de estas últimas órdenes le fueron desembolsadas cuando ya tenía una sanción, pero que fueron resueltas por adendas.
José Gonzáles Clemente, director del Cenares, señaló a este diario que, al momento de hacer esta adenda, no sabía de la sanción en primera instancia emitida por el tribunal del OSCE y remarcó que la inhabilitación entró en vigencia recién con el pronunciamiento de segunda instancia.
“Son válidas porque devienen de una prórroga que fue firmada en un momento en que se cumplían con las condiciones, y donde el contratista no tenía impedimento. Que ahora tenga un impedimento no anula que se pueda emitir órdenes porque si no, estaríamos incumpliendo una parte de las obligaciones y me tendría que atener, como entidad del Estado, a las consecuencias que podría tomar el proveedor”, dijo Clemente.
La empresa Aldem S.A.C. tiene como accionista a Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Foto: PCM
La congresista Norma Yarrow (Avanza País) pidió hoy a la OSCE información sobre la empresa ALDEM SAC que sigue contratando con el Estado pese a estar inhabilitada desde abril último. La firma es de Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del primer ministro Aníbal Torres.
“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez mostrar mi preocupación por las denuncias periodísticas que señalan que la empresa Aldem S.A.C., cuyo accionista es Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del presidente del Consejo de Ministros, continúa contratando con el estado a pesar de estar sancionada por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, debido a que obtuvo tres órdenes de servicio en los meses de enero, mayo y julio del año 2022, a favor del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por más de dos millones 300 mil soles”, reseña el documento.
Perú21 informó que en lo que va del año, la empresa de Víctor Torres ha girado tres órdenes de servicio —en enero, mayo y julio— a Cenares por, al menos, S/2′359,200. Además, dos de estas últimas órdenes le fueron desembolsadas cuando ya tenía una sanción, pero que fueron resueltas por adendas.
José Gonzáles Clemente, director del Cenares, señaló a este diario que, al momento de hacer esta adenda, no sabía de la sanción en primera instancia emitida por el tribunal del OSCE y remarcó que la inhabilitación entró en vigencia recién con el pronunciamiento de segunda instancia.
“Son válidas porque devienen de una prórroga que fue firmada en un momento en que se cumplían con las condiciones, y donde el contratista no tenía impedimento. Que ahora tenga un impedimento no anula que se pueda emitir órdenes porque si no, estaríamos incumpliendo una parte de las obligaciones y me tendría que atener, como entidad del Estado, a las consecuencias que podría tomar el proveedor”, dijo Clemente.
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