La legisladora Lady Camones planteó dicha iniciativa para "promover la idoneidad de postulantes".
LADY CAMONES.Fuente: CONGRESO.
La bancada de Alianza para el Progreso (APP), a través de la legisladora Lady Camones, presentó un proyecto de ley en donde plantea que los sentenciados por terrorismo y corrupción no accedan a cargos públicos o de elección popular.
Dicha iniciativa propone modificar que el artículo 139, inciso 22, de la Constitución quede redactado de la siguiente manera:
"El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En tanto, los sentenciados por terrorismo, peculado y corrupción de funcionarios, narcotráfico y violación sexual aun cuando hubieran sido rehabilitados, no podrán acceder a cargos públicos o de elección popular".
En la exposición de motivos se indica que la finalidad del proyecto es "promover la idoneidad de postulantes" a cargos públicos representantivos o de elección popular.
Además, el proyecto señala que podría ser cuestionado al afectar el principio de rehabilitación; sin embargo, remarcó que este no es absoluto.
"El derecho de los aspirantes a cargos públicos puede ser razonablemente limitado si es que estos cometieron delitos que afectan a la estructura y esencia del Estado", destaca el documento.
LADY CAMONES.Fuente: CONGRESO.
La bancada de Alianza para el Progreso (APP), a través de la legisladora Lady Camones, presentó un proyecto de ley en donde plantea que los sentenciados por terrorismo y corrupción no accedan a cargos públicos o de elección popular.
Dicha iniciativa propone modificar que el artículo 139, inciso 22, de la Constitución quede redactado de la siguiente manera:
"El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En tanto, los sentenciados por terrorismo, peculado y corrupción de funcionarios, narcotráfico y violación sexual aun cuando hubieran sido rehabilitados, no podrán acceder a cargos públicos o de elección popular".
En la exposición de motivos se indica que la finalidad del proyecto es "promover la idoneidad de postulantes" a cargos públicos representantivos o de elección popular.
Además, el proyecto señala que podría ser cuestionado al afectar el principio de rehabilitación; sin embargo, remarcó que este no es absoluto.
"El derecho de los aspirantes a cargos públicos puede ser razonablemente limitado si es que estos cometieron delitos que afectan a la estructura y esencia del Estado", destaca el documento.
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